Aena presta apoyo técnico en Son Sant Joan a aviones con deportados del resto de Europa rumbo a África

El aeropuerto de Son Sant Joan es utilizado como escala técnica por compañías de aviación de otros países europeos para el traslado de deportados a diferentes países africanos. El ente público Aena autotiza estas operaciones así como la prestación de los servicios solicitados. Lo habitual es que la toma en tierra en Mallorca se deba a la necesidad de repostaje; pero, también es frecuente el vaciado de depósitos de aguas negras o el servicio de cáterin. Una vez informado el aeropuerto de la llegada del avión, unidades de la Guardia Civil acuden al lugar de estacionamiento (la plataforma militar) para acordonar la zona, y no la abandonan hasta que la aeronave inicia las operaciones de despegue.

Estos vuelos son contratados por los gobiernos con aerolineas privadas (rara vez los realizan aviones militares) para el retorno a sus países de aquellos inmigrantes ilegales a los que no se les da la condición de refugiados. O a los que, después de un permiso temporal de estancia no consiguen el de residencia. También, a aquellos que por el motivo que fuere la Justicia autoriza su deportación.

UN ALTO COSTE

El gobierno español retomó hace un año los vuelos a Senegal con nacionales de ese país que, en su mayoría, entraron de forma ilegal en España a bordo de pateras por las costas canarias o fueron recogidos en alta mar. Para estos vuelos el Ministerio del Interior tiene con convenio de colaboración con la compañía Air Europa. El coste de los mismos es muy alto: no más de veinte extranjeros por avión, contrato de la aeronave y dietas de los policías que han de realizar la custodia durante el vuelo.

España tiene acuerdos de devolución con Marruecos, Mauritania y Senegal, en la costa atlántica, y con Mali y Guinea Conakry. Gambia, país originario de un porcentaje muy elevado de emigrantes subsaharianos, es el más conflictivo para el retorno de sus nacionales ya que argumenta que no puede reintegrarlos. De hecho, el gobierno gambiano no permite el aterrizaje en sus aeropuertos de vuelos con deportados procedentes de Europa. Esta decisión obligó a la Unión Europea (UE) a restringuir los visados a aquellos países que no colaboran con su política de repatriación de inmigrantes irregulares. El pasado mes de octubre, esta medida entró en vigor con el mencionado país del golfo de Guinea.

En 2019, según datos de la UE, de las 490.000 personas que recibieron la orden de expulsión, no llegó al 30 por ciento las que se ejecutaron. Esto ha obligado a Bruselas a fijar el retorno como un elemento clave de su pacto de inmigración con terceros países.