Acusan a Armengol de ocultar un informe contra la ley de amnistía

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha sido acusada por el PP de ocultar el informe de los letrados de la Comisión de Justicia, que aprecia evidencias de inconstitucionalidad en el proyecto de ley de amnistía que presentó el PSOE y que está siendo tramitado en la Cámara Baja.

Los populares han acusado directamente a Armengol de haber ocultado durante seis días el citado informe, contrario a la proposición de ley de amnistía que presentó el PSOE. Así, se evitó que los grupos parlamentarios conociesen el dictamen durante la fase de enmiendas, pues se hizo público a los diputados de la Comisión de Justicia el martes por la tarde, cuando ya había finalizado el plazo de presentación de enmiendas.

Desde la presidencia del Congreso se niegan las acusaciones y se atribuye la demora a las propias letradas autoras del informe.

"El informe está fechado el día 10 de enero, y permaneció retenido seis días", ha afirmado el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado. "Otra más de la Factoría Francina Armengol", ha apostillado.

Por su parte, el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, ha explicado que “el informe está lleno de observaciones de orden técnico. Lo que ha hecho la presidenta del Congreso es un absurdo procedimental, no dando opción a que los grupos puedan presentar enmiendas amparadas en el informe del letrado".

Además, considera que la disparidad de criterio entre los letrados de la Comisión de Justicia y el letrado mayor de la Cámara Baja, Fernando Galindo, debería conllevar la dimisión de Galindo. Recordemos que, en su dictamen, emitido en noviembre del año pasado, el letrado mayor admitió que había “posibles motivos de inconstitucionalidad”, pero no se opuso a su tramitación al considerar que no existía contradicción “evidente y palmaria” con el artículo 62, i, de la Constitución, precepto que veta los indultos generales.

INDICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

El informe de los letrados de la Comisión de Justicia afirma que “no estando contemplada entre las competencias de las Cortes Generales descritas en el artículo 66.2 ni atribuida a las mismas por ningún otro artículo de la Constitución, que sin embargo desautoriza expresamente los indultos generales (62.i)), y habiendo sido rechazadas durante el debate constituyente dos enmiendas (número 504 al entonces artículo 58, hoy artículo 66, y número 744 proponiendo un artículo nuevo) para su introducción en el texto constitucional, la iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, de manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional”.

Además, los letrados consideran que vulnera los principios de la UE que la iniciativa presentada por el PSOE excluya de la amnistía las condenas de terrorismo con sentencia firme, o que se quiera perdonar el delito de malversación, o que se busque limitar el alcance de las órdenes de detención europeas.

PROTESTAS

La presentación por parte del PSOE de ley de amnistía como proposición de Ley, ha evitado que deba contar con los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal.

Sin embargo, desde su registro en noviembre del año pasado, justo antes de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, se han sucedido las protestas contra esta iniciativa pactada entre los socialistas y Junts per Catalunya, como contrapartida por el apoyo de los diputados de Carles Puigdemont para votar a favor de la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno.